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Agente Especial de Air-e revela hallazgos en primer informe entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos

  • enero 8, 2025
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Dentro del documento, se relacionan graves hallazgos en la compañía
de energía, desde contratos no ejecutados hasta desorden en la
contabilidad y fuertes racionamientos de energía anunciados como
“mantenimientos”.
Barranquilla, 8 de enero de 2025. Como líder de la intervención de
la empresa Air-e, en toma de posesión por la Superintendencia de
Servicios Públicos desde el pasado 12 septiembre de 2024, el agente
Especial, Edwin Palma presentó el primer informe diagnóstico de la
compañía con fines administrativos, el cual consta de 704 páginas.
El documento contiene, en ocho puntos principales, la consolidación de
la situación de la compañía, sobre todas las áreas que la conforman, a
la fecha de la toma de posesión. Entre los hallazgos se encuentran
contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la
contratación con terceros, constantes racionamientos de energía
informados como “mantenimientos”, baja ejecución del plan de
inversiones, pérdidas de recursos destinados a la normalización
eléctrica y deterioro en la calidad del servicio.
De la situación contable y financiera se logró concluir que la empresa
enfrenta un deterioro patrimonial severo, el cual se refleja en pérdidas
acumuladas y un desbalance financiero significativo. Las obligaciones
causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1.9 billones,
sobre todo por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago.
Es por esto que, por cuarto año consecutivo, el resultado financiero
acumulado no generó utilidad, lo que evidenció una incapacidad para
generar los recursos necesarios que lograran garantizar la operación de
la compañía. Día tras día la situación empeora por la alta exposición a
bolsa que tiene la empresa desde la intervención y por los precios de la
generación de energía en el mercado.
Aspectos críticos jurídicos, regulatorios y mayorista
El incumplimiento en el pago a los proveedores ha sido otra de las
dificultades encontradas. Hay un sinnúmero de acciones legales en
contra
de la compañía y, en especial, procesos ejecutivos de los cuales 21
están suspendidos por la intervención por un monto de $69.325
millones.
Adicionalmente, se generaron intereses moratorios en los contratos de
recaudo de alumbrado público con las alcaldías por la demora en el giro
de los dineros que pagan los clientes por este concepto en las facturas.
Los recursos debían ser entregados en un plazo no mayor a 45 días
hábiles.
Por otra parte, ante los problemas financieros, se encontraron procesos
de limitación de suministro en curso por el retraso en el pago de
obligaciones a los diferentes agentes del mercado eléctrico.
Se destaca que para el tercer trimestre del año 2024 se presentó un
incremento en la exposición a bolsa debido al incumplimiento de los
contratos de compra de energía por parte de Air-e, lo que la llevó a
reducir su cobertura en contratos en un 50%. Es de resaltar que este
aumento en la exposición a bolsa ocurre en un momento donde el
mercado que se transa en esta bolsa presentaba precios muy altos, lo
cual agravó la sostenibilidad financiera.
El incumplimiento en el Plan de Inversiones aprobado por la CREG para
las vigencias 2023 y 2024, impacta negativamente el reconocimiento
tarifario (Componentes D) e imposibilita el reconocimiento de las
pérdidas reales en el componente de pérdidas (Componente Pr).
Adicionalmente, como se incumplió la senda de pérdidas de 2024 que
había sido acordada con la CREG, se suspenderá el reconocimiento del
plan de pérdidas para el año 2025. Esto significa un grave riesgo para el
cumplimiento en este plan, ya que, al no llegar a las metas de pérdidas
fijadas durante dos años consecutivos, implicaría que la empresa tenga
que devolver el dinero recibido a través de la tarifa para realizar
actividades encaminadas a disminuir las pérdidas de energía en los
departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, suma que ronda
los 400 mil millones de pesos
Se encontraron también contratos en los que la compañía se
comprometió a generar energía que al final no pudo, con grandes
consecuencias económicas y jurídicas por dicho incumplimiento.
Racionamientos de energía anunciados como “mantenimientos”
Este es uno de los hallazgos de la Agencia Especial porque afectó
fuertemente a distintas comunidades y al sector productivo y derivó en
afectaciones operativas de gran magnitud. La Agencia encontró que se
estableció una solicitud de consignaciones y descargos (interrupciones
programadas) para un listado de circuitos determinado. Esta
planificación, careció de justificación técnica y, por el contrario, era
informado a los usuarios como mantenimientos y lavados en las redes
de media tensión.
Esta determinación ocasionó entre otros aspectos técnicos falsos
ahorros operativos
•Disminución antitécnica de pérdidas energéticas y la desconexión y
reconexión frecuente de circuitos comprometen la estabilidad de la red
eléctrica generando costos adicionales en mantenimiento y gestión.
“Este fenómeno presentó múltiples implicaciones en la calidad del
servicio de energía. Injustamente, los usuarios experimentaron cortes
en el suministro energético con una falsa información previa, lo que
generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico”,
comentó el interventor, Edwin Palma.
A esto se suma el impacto económico y social de sectores productivos y
residenciales, los cuales enfrentaron limitaciones en sus actividades
diarias, especialmente aquellos sin capacidad para implementar
soluciones de respaldo como generadores o sistemas de
almacenamiento.
Deterioro en la calidad del servicio de energía
Una de las principales consecuencias de la situación financiera de la
compañía se ha visto reflejada en la baja ejecución del plan de
inversiones durante las vigencias 2023 y 2024, lo que conllevó al
aumento de fallas técnicas y pérdidas de energía. Igualmente, también
se afectaron los planes de mantenimiento preventivo, aumentando los
costos operativos y la insatisfacción de los usuarios.
La gestión de proyectos muestra retrasos significativos debido a la
insuficiencia de recursos y la falta de gestión para resolver las
incidencias asociadas a su ejecución.
De enero a julio de 2023 y 2024, se presentó un incremento en la
duración promedio de las interrupciones percibidas por los usuarios por
las programaciones del llamado plan de gestión de la demanda
(“mantenimientos”).
Esta situación ante el deterioro de la calidad en el servicio es tan
compleja que fueron identificados incluso 29 usuarios con
interrupciones superiores a 360 horas, en el periodo comprendido entre
julio de 2023 y julio de 2024.
Aspectos críticos administrativos
Se lograron identificar altos riesgos laborales para la compañía que
redundan en el clima laboral y la productividad, tales como
tercerización desmedida, incumplimiento de obligaciones
constitucionales, legales y convencionales y ruptura del diálogo social
con trabajadores y sindicatos.
Hallazgos comerciales
Las deficiencias en el sistema de facturación, así como las “mediciones
estimadas” indiscriminadas o el uso del sistema de totalizadores o
“Padres e hijos”, como la violación de derechos fundamentales de los
usuarios han generado insatisfacción y desconfianza por parte de ellos.
Los usuarios del mercado subnormal enfrentan retos como la falta de
infraestructura eléctrica adecuada y la baja prioridad de la empresa en
la atención al usuario, así como dificultades para acceder a programas
de normalización de redes, agravado con el no uso de recursos públicos
para avanzar en los programas de normalización eléctrica
La Agencia Especial encontró que la administración de la compañía,
aparentemente sin razón legal, suspendió pagos a terceros que estaba
obligada a ejecutar. Dichos pagos se han restablecido y se han
superado diferencias penales, administrativas y judiciales con el
operador del aseo, que reducen costos a la empresa intervenida.
La Agencia Especial consideró que la administración de la compañía
consideraba los procesos de entrada de nueva energía renovable al
sistema como una competencia y por ello, cientos de procesos de
solicitudes de autogeneración estaban detenidos o mal tramitados.
El agente Especial, Edwin Palma comentó que, contrario a lo que hacía
la compañía antes de la intervención, fortalecerá las políticas de
creación y desarrollo de comunidades energéticas y la instalación de
fuentes renovables de energía (principalmente solar), en seguimiento y
en coordinación con las políticas lideradas por el Gobierno nacional y
facilitará, acompañará y convertirá la compañía en una empresa que
lidere la autogeneración o los procesos de normalización eléctrica con
soluciones fotovoltaicas como mecanismo de reducir los precios de la
energía en la Costa Caribe
Situación de gestión comunitaria
Para adelantar las tareas relacionadas con la reducción de pérdidas, el
aumento del recaudo y las soluciones de autogeneración o
normalización eléctrica la Agencia Especial identificó una ruptura entre
la administración de la empresa y los usuarios. Problemas en el
tratamiento de sus peticiones, quejas, reclamos. Respuestas
inadecuadas a sus demandas, poco entendimiento en los procesos de
normalización y baja dedicación a los temas de responsabilidad social
empresarial, entre otros.
Aspectos tecnológicos y de sistemas de información
El ciberataque a todos los sistemas de la compañía días previos a la
intervención ha afectado la capacidad operativa y de facturación, lo que
agrava los problemas de liquidez y relacionamiento con clientes y
terceros. Las limitaciones tecnológicas dificultan el cumplimiento de
obligaciones regulatorias y operativas, poniendo en riesgo la
continuidad del negocio. Por ello, la Agencia Especial, previa
coordinación con la Superservicios, hizo su propia auditoria forense para
ponerla a disposición de las autoridades y poder liberar los equipos con
el propósito de normalizar todas las operaciones. Además, se adelanta
un estudio para el cambio y modernización de todo el sistema
informático.
¿Qué sigue?
Este informe servirá de insumo para que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios determine la modalidad de toma de
posesión sobre la empresa, que incluye desde la administración temporal
hasta la liquidación. Decisión que deberá tomarse en los próximos días y
para ello se ha previsto una reunión informativa entre el Agente Especial
y el señor Superintendente el próximo 9 de enero en la ciudad de
Bogotá.
El Agente Especial además ha determinado solicitar a la Procuraduría
General de la Nación el acompañamiento al proceso y a la Unidad de
Inteligencia y Análisis Financiera UIAF y la Secretaría de Transparencia
de la Presidencia de la República un acompañamiento a la auditoría
forense que se ha dispuesto al sistema contable y financiero de la
compañía.
El pasado mes de septiembre, el proceso de toma de posesión por parte
del Gobierno nacional se determinó porque Air-e no contaba con la
capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para continuar
prestando el servicio de energía a los habitantes de Atlántico, La Guajira
y Magdalena.
Entre las principales acciones que trabaja la Agencia Especial está la
estabilización del servicio eléctrico, iniciativas de transición energética y
la implementación de tarifas justas para estos departamentos del Caribe.
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