por: Eduardo Verano de la Rosa
El camino hacia la autonomía territorial en Colombia ha sido una carrera de relevos, una lucha histórica por un Estado más justo y equilibrado. Nosotros, en la región Caribe, hemos corrido con determinación la primera parte de esta maratón. Ahora, con el aliento de millones de ciudadanos y la consolidación de un proceso institucional fortalecido, le entregamos el testigo al Gobierno nacional para que concrete en la recta final.
Mi recuerdo de esta carrera se remonta al “Voto Caribe” de 2010, un acto que el Gobierno central de entonces catalogó como “pedagógico”, pero que para mí fue un grito de libertad y un combustible democrático que encendió nuestra voluntad.
2.5 millones de personas votaron a favor de la autonomía, dejando en claro que estábamos hartos de un modelo centralista que nos trataba como menores de edad, como incapaces que necesitábamos tutores y que nos privaba de los recursos para que más gente saliera de la pobreza.
Después de este mandato popular, la carrera se volvió una estrategia política. Como líderes, los gobernadores y diputados de cada una de nuestras asambleas asumimos un rol protagónico y trabajamos en un frente común.
Fue en las asambleas departamentales donde se dio una de las batallas más importantes: los diputados debatieron y nos dieron la autorización para avanzar hacia el siguiente paso.
Este consenso político fue fundamental y demostró que nuestra aspiración no era un capricho, sino una agenda regional prioritaria que fue refrendada el 9 de mayo pasado en el Cubo de Cristal, en Barranquilla.
Con el aval de las asambleas, presentamos nuestra solicitud formal a la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado. El concepto favorable y unánime de sus miembros el 14 de agosto fue, sin duda, un hito trascendental. Validó nuestro proceso y demostró que la autonomía de los territorios gana tracción, a pesar de las objeciones del Ministerio de Hacienda sobre el “alto impacto fiscal”. Esto nos reafirmó que el debate no es solo legal, sino fundamentalmente sobre el control de los recursos y un nuevo pacto fiscal en equidad para todos.
En este proceso, el liderazgo de mis colegas gobernadores y gobernadoras y el mío propio ha sido indispensable. Junto a quienes han impulsado esta causa por años, hemos sido arquitectos del proyecto regional, hemos entregado la vida a este propósito noble de cerrar brechas sociales, hemos cumplido con las trabas impuestas por el centralismo, hemos creado leyes orgánicas que nos dijeron. Hemos hecho la tarea.
Por todo lo anterior, radicar el proyecto de ley ante el Congreso de la República para que se le pregunte a los ciudadanos si quieren o no vivir en regiones autónomas mediante un referendo en marzo de 2026 es el punto más neurálgico de esta carrera.
Creo firmemente en los beneficios de un país de regiones institucionalizadas. Esto desplomará la inequidad, combatirá la pobreza y gestionará nuestros asuntos de manera eficiente.
La región Caribe ha dado ejemplo de liderazgo. Hemos corrido nuestra parte de la carrera, hemos superado obstáculos, y ahora le pasamos el testigo —el instrumento— al Congreso a la espera de un referendo que le dé la victoria final a la autonomía de los territorios.
Nuestra lucha es un precedente para que todo el país se atreva a construir un Estado más justo y equitativo. El testigo está del lado de ustedes, ¡a ganar!
